Una columna de opinión del Seremi de Minería del Biobío, Dusan Marinovic Millar que analiza las implicancias para nuestra zona de esta inyección de recursos que va en directo beneficio de las comunas más vulnerables.

OPINIÓN:

El royalty minero abrió una oportunidad histórica para avanzar en equidad territorial, favoreciendo principalmente a las comunas más postergadas. En el Biobío, los primeros resultados muestran que, cuando hay buena gestión, esa oportunidad puede transformarse en progreso concreto.

Uno de los principales aportes del royalty minero es el Fondo de Equidad Territorial (FET), diseñado para fortalecer financieramente a municipios con alta dependencia del Fondo Común Municipal. En el Biobío, este criterio ha permitido que comunas históricamente postergadas vean aumentados sus recursos disponibles. El impacto no es menor si se observa la evolución de los montos: en 2024, las comunas de la región recibieron cerca de $7.300 millones; en 2025, la cifra prácticamente se duplicó, superando los $16.300 millones; y para 2026, el monto proyectado asciende a $17.600 millones, consolidando un crecimiento cercano al 140% en apenas tres años.

Durante 2025, varias comunas del Biobío demostraron que una gestión focalizada puede traducir estos recursos en soluciones concretas a problemas cotidianos. En Cabrero, por ejemplo, parte de los $510 millones provenientes de este fondo se destinaron la construcción de un centro veterinario, instalaciones que visité junto a la subsecretaria de Minería. Con el resto de los recursos pavimentarán la Avenida Las Violetas, realizarán el cierre perimetral del Complejo Deportivo Municipal y ejecutarán la conservación de sedes vecinales y centros comunitarios.

En Hualqui, la inversión se orientó a equipamiento para personal de seguridad, reforzando capacidades operativas municipales. Lota, una de las comunas con mayores índices de vulnerabilidad social, destinó recursos a la compra de un dron de patrullaje, incorporando tecnología para apoyar labores de seguridad y monitoreo territorial.

La infraestructura urbana también ha sido una prioridad. Tomé y Lebu utilizaron parte del royalty para la instalación de alumbrado público, una intervención básica pero altamente valorada en términos de seguridad y recuperación de espacios públicos. En Cañete, los recursos financiaron luminarias, multicanchas y mantención de caminos, combinando inversión social, deportiva y de conectividad. En el ámbito educativo y social, Contulmo implementó becas municipales, mientras que Santa Bárbara destinó fondos a viviendas para estudiantes, abordando así una de las barreras para el acceso a la educación.

Otros casos reflejan una mirada integral del desarrollo local. Curanilahue asignó recursos a la subvención de Bomberos, fortaleciendo un servicio esencial para la seguridad comunitaria. Quilaco optó por un programa de generación de empleo, apuntando directamente a la reactivación económica local. Alto Biobío, con una compleja realidad territorial y cultural, utilizó fondos para mejorar el servicio de recolección de residuos, una inversión clave en salud pública y medioambiente.

Estos ejemplos confirman que el royalty minero no es un fin en sí mismo, sino una herramienta. En las comunas más vulnerables del Biobío, la diferencia no la hace únicamente el aumento sostenido de los recursos, sino la capacidad de los equipos municipales para priorizar, planificar y ejecutar proyectos con impacto directo en la vida cotidiana de las personas. El desafío hacia adelante será sostener esta línea de gestión, fortalecer la transparencia y asegurar que el crecimiento de los fondos en los próximos años se traduzca en desarrollo local permanente y no en soluciones transitorias.